La Comisión Europea ha adoptado hoy una nueva estrategia que renueva el compromiso de la UE en favor de la mejora de la situación de los ochenta millones de europeos con discapacidad. El nuevo texto, complementa y respalda la acción de los Estados miembros, que son los responsables principales de las políticas de discapacidad.
En este contexto, la estrategia de la UE se centra en la potenciación del papel de las personas con discapacidad para que puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población y en la eliminación de los obstáculos a los que han de enfrentarse en la vida diaria.
Las principales acciones se centran, primero, en estudiar la forma de utilizar la normalización, la contratación pública o las normas sobre ayudas estatales de modo que todos los productos y servicios sean accesibles para las personas con discapacidad, promoviendo al mismo tiempo un mercado de la UE de dispositivos de apoyo ('Ley europea de accesibilidad'). Se espera que este mercado registre un importante crecimiento en los próximos años, como ha sucedido en los Estados Unidos, indica la CE en una nota de prensa.
Otro punto de la estrategia se centra en asegurarse de que las personas con discapacidad y sus familias puedan ejercer sus derechos de ciudadanía de la UE en igualdad de condiciones que el resto de la población, gracias al reconocimiento mutuo de las tarjetas de discapacidad y de los derechos relacionados. Asimismo, facilitar el uso del lenguaje de signos y del alfabeto Braille al ejercer los derechos electorales que asisten a los ciudadanos de la UE o al mantener contactos con las instituciones de la UE; y promover un formato accesible de los sitios Internet y las obras protegidas por derechos de autor, como los libros.
La UE considera que el apoyo financiero es imprescindible para este colectivo. Así, solicita velar por que los programas y los fondos de la UE en políticas pertinentes para las personas con discapacidad se utilicen de forma que promuevan condiciones de trabajo adecuadas para los cuidadores profesionales y no profesionales y desarrollar sistemas de asistencia personalizada.
Bruselas también pide una mayor cooperación entre los Estados miembros (mediante el Grupo de Alto Nivel en materia de Discapacidad) y la sociedad civil, ofreciendo un foro para el intercambio de datos y la coordinación de las políticas, en particular sobre la transferibilidad de los derechos, por ejemplo el derecho a una asistencia personalizada.
Las campañas y actuaciones en favor de la sensibilización social se vuelven grandes aliadas en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Por ello, esta estrategia sugiere acompañar estas medidas de una fuerte concienciación social sobre todo lo referente a la discapacidad y la accesibilidad, por ejemplo mediante el premio europeo para ciudades accesibles.
Finalmente, se considera que la obtención de datos y la realización de balances sobre los resultados obtenidos y las acciones emprendidas son fundamentales para conocer el camino que hay que seguir. Por ello, la nueva estrategia pide mejorar los conocimientos sobre la situación en que viven las personas con discapacidad en Europa y las barreras a las que se enfrentan en sus vidas diarias, e identificar y promover estructuras de apoyo implantadas por los Estados miembros a nivel nacional que ya hayan demostrado su eficacia.
Este plan presenta de forma resumida la forma en que la UE y los Gobiernos nacionales pueden potenciar el papel de las personas con discapacidad de manera que estén en condiciones de ejercer efectivamente sus derechos. Las medidas específicas previstas para la próxima década van desde el reconocimiento mutuo de las tarjetas de discapacidad nacionales hasta un uso más focalizado de la contratación pública y de las normas sobre ayudas estatales, pasando por la promoción de la normalización.
"Estas medidas reportarán grandes beneficios sociales, pero también deberían generar un efecto 'dominó' en la economía europea. Así, por ejemplo, podrían impulsar el mercado de la UE de dispositivos y servicios asistidos, cuyo valor anual estimado supera ya los 30 000 millones EUR. La Comisión va a estudiar asimismo la posibilidad de proponer de aquí a 2012 una 'Ley europea de accesibilidad', con miras al desarrollo del mercado único de productos y servicios accesibles", aclara la CE.
Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión y Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía de la UE, ha manifestado al respecto que "para poder participar plenamente en nuestra economía y en nuestra sociedad, las personas con discapacidad necesitan tener un acceso más fácil a los edificios y al transporte públicos, así como a los servicios digitales".
"Una forma muy efectiva de lograrlo es desarrollar normas para productos y servicios accesibles a nivel europeo y utilizar la contratación pública para promover la accesibilidad de los edificios públicos. También hemos de velar por que nadie tenga que enfrentarse a escollos adicionales al cruzar una frontera: una persona con una discapacidad reconocida que decide desplazarse a otro país debería poder disfrutar de las mismas ventajas que en su país de origen, por ejemplo de transportes públicos gratuitos o tarifas reducidas. Mi meta es una Europa verdaderamente sin barreras para las personas con discapacidad de aquí a 2020", concluyó.
Una de cada seis personas en la Unión Europea (alrededor de ochenta millones) sufre una discapacidad, que puede ir de leve a grave. Más de un tercio de las personas de más de setenta y cinco años padece algún tipo de discapacidad que restringe en cierta medida sus posibilidades. Se prevé que estas cifras aumenten con el progresivo envejecimiento de la población de la UE. La mayoría de ellas a menudo no puede participar plenamente en la sociedad ni en la economía a causa de barreras físicas o de otra índole, así como de la discriminación.La Estrategia, concluye la CE, incluye una lista de acciones concretas y un calendario. La Comisión informará regularmente sobre los logros y los avances registrados en relación con el plan en cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas (CDPDNU), firmada por ella.
